Interesantísimo artículo del Doctor en Derecho y profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Murcia, y abogado, publicado en el DIARIO LA LEY, sobre la prescripción de algunos delitos leves.

La prescripción en algunos delitos leves: un caso de clínica jurídica

Jacinto PÉREZ ARIAS

Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Murcia. Abogado.

Diario La Ley, Nº 8839, Sección Tribuna, 7 de Octubre de 2016, Ref. D-354, Editorial Wolters Kluwer

LA LEY 7123/2016

La supresión de las faltas y la creación de los delitos leves constituyen dos de las numerosas novedades introducidas en el código penal tras la Reforma del año 2015. Estas dos modificaciones, sin embargo, quedan solapadas en un caso: cuando las faltas han sido transformadas en delito leve.

Normativa comentada

LO 10/1995 de 23 Nov. (Código Penal)

LIBRO PRIMERO. Disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal

TÍTULO VII. De la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos

CAPÍTULO PRIMERO. De las causas que extinguen la responsabilidad criminal

Artículo 131

Artículo 132

Desde el punto de vista dogmático podemos clasificar, a partir de la reforma del 2015, los delitos leves en tres tipos: a.- Delito leves de nueva creación (penalización ex novo); b.- Faltas convertidas en delitos leves (la mal llamada despenalización de las faltas); y c: delitos leves por su tratamiento procesal. De estos últimos nos vamos a ocupar en el presente trabajo.

Concretamente analizaremos una particularidad de esta categoría en la elección de la ley penal —en el tiempo— más favorable. En los dos primeros tipos de delitos leves rige la regla general; Así, en los delitos leves de nueva creación, se aplicará, lógicamente, la ley reformada para los hechos surgidos a partir de su entrada en vigor (antes serían atípicos), y en los delitos leves —antiguas faltas— la ley penal más favorable deberá ser decidida por el tribunal, oído al reo en caso de duda (art. 2.2 CP (LA LEY 3996/1995)). Pero esto no ocurre con el tercer tipo al que hemos denominado delitos leves por su tratamiento procesal.

Ocurre en este caso una singularidad muy llamativa. Estamos ante delitos cuyos elementos y estructura típica no han sido modificados. Son delitos leves por su pena, bien en sentido estricto (arts. 13.3 (LA LEY 3996/1995) y 33.4 CP (LA LEY 3996/1995)) o porque la extensión de la pena permite su clasificación como leve o menos grave, en cuyo caso se considerará leve (salvedad establecida en el apartado 4 del art. 13 CP (LA LEY 3996/1995)).

Ejemplos claros de estos delitos son los contemplados en los arts. 247 (LA LEY 3996/1995) y 255 del Código Penal (LA LEY 3996/1995). Estas figuras delictivas no han sufrido modificación alguna con la reforma del año 2015. Sin embargo, la pena que llevan asociada (multa de 3 meses hasta 6, en el primer caso, o hasta 12 en el segundo) exigen su tratamiento como delito leve.

A la entrada en vigor de la LO 1/2015 (LA LEY 4993/2015), los casos pendientes en los tribunales por delitos de este tipo, han sido, o al menos lo han debido ser, transformados en delito leve, siendo su única consecuencia la modificación del procedimiento judicial.

En efecto, los delitos leves han conllevado la creación, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), de un procedimiento especial para su enjuiciamiento, siendo competencia de estos los juzgados de instrucción. Se trata de un simple cambio de etiqueta: Antes del 2015 existían los juicios de faltas y ahora tenemos los juicios por delito leve.

Centrada la cuestión en lo sustantivo y en lo procesal, nos encontramos con que estos delitos exigen su tramitación conforme al procedimiento especial para los delitos leves. Algo que no es nada baladí si se toman en cuenta las siguientes consideraciones:

  1. Este obligado tratamiento procesal del delito no supone para el acusado la elección de la reforma del 2015 como ley penal más favorable. Como decimos, no es la norma sustantiva la que ha cambiado sino su tratamiento procesal.
  2. El acusado no puede optar por ser juzgado por los trámites procesales anteriores al 2015, porque en derecho procesal rige, sin salvedades, el principio tempus regitactum.
  3. La tercera consecuencia es que la transformación en leve de algunos delitos —existentes antes del 2015—, conlleva la modificación del plazo de prescripción. Esto hace que el tratamiento de la prescripción tenga naturaleza esencialmente procesal. Por tanto, aplicar el plazo (de prescripción) de los delitos leves contenido en el art. 131 CP (LA LEY 3996/1995) —tras la reforma— tampoco supone optar, desde perspectivas sustantivas, por la ley reformada; Simplemente no existe otra posibilidad. Si estamos ante un delito leve, el plazo de prescripción, se quiera o no, sin elección, es de un año.

En este contexto analicemos el siguiente problema: Ley aplicable a un sujeto que está imputado, desde el año 2007, y en trámite de diligencias previas, por un delito de alteración del curso de las aguas (art. 247 del Código Penal (LA LEY 3996/1995)), y que en el año 2016 aún no ha sido enjuiciado.

A.- Este delito no se ha visto afectado por la reforma del año 2015. Es más, su pena es la misma desde el año 2003: multa de tres a seis meses.

B.- En el año 2007, la pena tenía naturaleza de menos grave y por tanto su tramitación se regía por los trámites del procedimiento abreviado. Sin embargo, en el año 2016 todavía se encontraba en fase procesal de Diligencias Previas.

C.- Actualmente, y dada la pena prevista, el delito puede ser considerado menos grave (llega hasta los seis meses de multa) y leve (parte de tres meses de multa). Por tanto, debe considerarse, en todo caso, como delito leve.

D.- Se trata, en definitiva, de un hecho que debe ser enjuiciado por los trámites previstos para el delito leve (arts. 962 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882)). El resto de consideraciones sustantivas no ha variado: Tiene la misma estructura, los mismos elementos y la misma pena que en el año 2007.

  1. Sin embargo, esta variación de naturaleza supone, como decimos, el cambio en su plazo de prescripción: A partir del año 2015 prescribía al año, y consta que desde la comisión del hecho hasta la incoación de diligencias previas transcurrieron más de un año y dos meses. No obstante, hay un matiz, es la Fiscalía la que remite la denuncia del afectado al Juzgado de Instrucción antes del transcurso de ese año.

En este caso, existen varias normas que pueden ser aplicables: De un lado, la vigente en el año 2007 (fecha de los hechos, y que no cambia en cuanto al delito); La segunda, la del año 2015 (por el cambio de la naturaleza que pasa a leve); y la tercera, la reforma llevada a cabo en el año 2010, en cuanto al momento de interrupción de la prescripción.

Así, nos encontramos que el delito no ha sido modificado, que la prescripción ahora es de un año y que la interrupción de la prescripción, conforme al art. 132 CP (LA LEY 3996/1995), se sitúa en la denuncia o querella siempre que en el plazo de los 6 meses siguientes exista una resolución judicial motivada (en este caso no hubo tal resolución, siendo la declaración del investigado el primer acto en el que se le concretó el contenido motivado de su imputación).

Sostener que la única ley aplicable es la correspondiente al momento de los hechos implicaría considerar el delito como menos grave

Sostener que la única ley aplicable es la correspondiente al momento de los hechos implicaría considerar el delito como menos grave, tramitándose por los trámites del procedimiento abreviado y entendiendo que el plazo de prescripción es el de tres años. La interrupción de esta dependería del criterio judicial ya que en aquella fecha no existía un concepto normativo exhaustivo. Sin embargo, la norma procesal impide la elección del procedimiento a elegir.

Por tanto, estaríamos ante un supuesto en el que la norma procesal la decide, de manera imperativa, la nueva naturaleza del delito. Sucede además que el tenor literal del delito no ha cambiado por lo que todo aparenta adaptarse a la norma vigente en el año 2015. Sin embargo, eso supondría aceptar también la nueva fórmula de interrupción de la prescripción (conforme a lo modificado en el año 2010 y que aún hoy se encuentra vigente).

Por eso mismo, decíamos al principio que hay delitos cuya naturaleza de leve solo afecta a su tratamiento procesal. El cambio de procedimiento —y el consecuente cambio en el plazo de prescripción— no afecta a la elección de la norma aplicable más favorable. Es más, aun aplicándose todos estos cambios procesales aún no hemos llegado a elegir la norma penal más favorable al reo.

Entendemos que en tal supuesto la solución sería la siguiente: 1.- El procedimiento es, por imperativo legal, el del delito leve sin que el acusado pueda optar por otra solución procesal; tampoco podría variar el plazo de prescripción, pues sería ilógico enjuiciar por el procedimiento de delito leve y aplicar el plazo previsto para los delitos menos graves, conforme a la redacción del año 2007. Sería un contrasentido inaceptable en términos jurídico penales.

Qué ocurre entonces con la interrupción de la prescripción. No habiendo variado el delito en sentido sustantivo desde el año 2003, es en este particular donde entra la ley penal más favorable al reo. Ello no supone elegir a la carta la ley penal más favorable, ni se vulnera la necesaria elección en bloque. Como hemos visto, el procedimiento es impuesto y el plazo de prescripción deriva de la nueva etiqueta dada al delito del art. 247 del CP (LA LEY 3996/1995) (delito leve).

Si aceptáramos que todo es un bloque se daría una aplicación retroactiva desfavorable al reo, ya que el acusado aún no ha decidido absolutamente nada. En ningún caso ha podido elegir la naturaleza leve del delito, las consecuencias de etiquetado respecto del plazo de prescripción ni el trámite a seguir para su enjuiciamiento. Si además de imponerse todos estos cambios se obligara al acusado a asumir el momento de interrupción vigente en el año 2016 se habría dejado sin contenido el principio constitucional de la irretroactividad de la ley penal desfavorable.

Al acusado solo le queda apreciar si la interrupción vigente en el año 2016 es más favorable que la existente en el año 2007: como es obvio en modo alguno lo es.

En definitiva, la denuncia de la fiscalía no suspende el plazo de interrupción durante seis meses, sencillamente porque a la fecha de los hechos no existía tal fórmula en el art. 132 del CP. (LA LEY 3996/1995) Si en el caso que analizamos la denuncia no suspende el plazo de prescripción, y el auto de incoación de diligencias (de puro formulario, sin motivación alguna en cuanto a hechos y sujetos indiciariamente responsables) se acordó un año y dos meses después del supuesto hecho cometido, debemos concluir que el delito se encuentra completamente prescrito.

El caso que describimos es tan solo un ejemplo de laboratorio —de clínica jurídica— pero han de estar los operadores jurídicos atentos a esta interpretación. Si no se explica detenidamente, como cuestión previa al juicio, ni se argumenta bien esta compleja circunstancia, la aplicación de la norma vigente en el año 2016 será aplicada —de manera mecánica— en toda su extensión, produciéndose con ello un evidente conflicto de principios y una clara vulneración de los derechos fundamentales del acusado.